En el mediano y largo plazo, el conjunto de las reformas educacionales impulsadas después de los movimientos estudiantiles  aumentarán la calidad y equidad, disminuirán la segregación social en las escuelas y aumentarán la matrícula en el sector público. Sin embargo, en el corto plazo es necesario  monitorear su implementación para detectar potenciales resultados inesperados durante el proceso de diseño e implementación.

Así lo señala un artículo de los investigadores Juan Pablo Valenzuela, del CIAE de la U. de Chile; y de Carmen Montecinos, directora de LIDERES EDUCATIVOS, que analiza los potenciales impactos de la reforma educacional, en específico de medidas como la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), la ley de Inclusión y la ley de Carrera Docente.

En el artículo, publicado en el último número de la revista Oxford Research Encyclopedia, los autores analizan el impacto de estas medidas sobre el mejoramiento de la calidad y la equidad, la disminución de la segregación social y la matrícula de la educación pública. Por ejemplo, señalan que la ley SEP tuvo un impacto sobre la calidad, aumentó la equidad y ha permitido reducir la brecha entre escuelas de bajo y alto nivel socioeconómico.

Los autores analizan estas medidas a la luz de externalidades que puedan presentarse durante el proceso de diseño e implementación, de las capacidades institucionales en varios niveles del sistema y del contexto político o económico.

Respecto a la ley de inclusión, Valenzuela y Montecinos señalan que, al terminar la selección y el copago, ésta mantiene e, incluso, amplifica la relevancia asignada a la elección de los padres. Sin embargo, advierten que como el sistema de elección de los padres es universal, su conducta como electores de servicios educacionales introduce un nivel de incertidumbre en términos de su respuesta. “Colegios privados subvencionados con alto copago pueden transformarse en privados, lo que aumentaría la segregación social. Pero, por otro lado, el término de la selección y copago en colegios con financiamiento público permitirán la recomposición social en muchos colegios, especialmente entre los particulares subvencionados, reduciendo los niveles de segregación social del sistema educativo”, explican.

Además, los académicos advierten que las reformas pueden tener resultados indeseados durante el proceso de diseño e implementación. Por ejemplo, la matrícula de la educación pública puede bajar, en la medida en que los padres accedan a colegios subvencionados con copago que, con la ley, serán gratuitos. Ello puede afectar el financiamiento del sector, ya que en las reformas no se modifica el actual sistema de financiación basado en la matrícula. “Medidas como mejorar la convivencia escolar, el liderazgo educativo en las escuelas públicas pueden contribuir a evitar la baja en la matrícula de la educación pública, al igual que resolver oportunamente los paros y huelgas del sector”, dicen.

Respecto a la nueva carrera docente, Valenzuela y Montecinos señalan que las crecientes barreras de entrada a la profesión docente tendrán gran impacto en aumentar la calidad y la equidad. Sin embargo, advierten que podría darse la paradoja que mientras se incrementa la calidad promedio de los programas de formación inicial y los nuevos alumnos que ingresan a éstas, se reduzca la matrícula total de los nuevos estudiantes.

Otro punto crítico sería la infraestructura educacional. “Durante los últimos 15 años, los requerimientos de nueva infraestructura educacional fueron resueltos casi por completo por establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro. Esto los transformó en los principales proveedores del sistema educacional chileno, reduciendo, de paso, la participación de la educación pública”, dice Juan Pablo Valenzuela.

Según un análisis al catastro de establecimientos educacionales del Ministerio de Educación realizado por Valenzuela, entre 2014-16 se redujo en 67 el número de establecimientos particulares subvencionados, lo cual se explica por el cierre de unos 100 de este tipo estos dos últimos años, siguiendo una trayectoria similar a la de la década anterior y la creación de tan solo 37 colegios de esta dependencia durante el mismo periodo. “Es decir, por una parte, la ley de Inclusión ha tenido un efecto relevante en provisión de oferta, reduciendo en 80% la apertura de establecimientos particulares subvencionados, aunque su cierre se ha mantenido relativamente estable”, dice Valenzuela.

Por ello, los investigadores del CIAE y LIDERES EDUCATIVOS advierten sobre el potencial impacto que podría generar la ley de Inclusión, que exige que en un plazo de diez años todos los sostenedores privados con financiamiento público se transformen en entidades sin fines de lucro y permite la creación de nuevos colegios sólo por parte de establecimientos sin fines de lucro desde el 2016.

Agregan que para el 2016, sólo el 30% de las escuelas urbanas eran municipales y en algunas comunas menos del 20%, por lo que es necesario que la educación  pública sea capaz de absorber nuevos alumnos para prevenir un posible déficit de oportunidades educacionales.

Sin embargo, señalan que esto puede ser una oportunidad para la educación pública, en el sentido de que el Estado se vuelva a transformar en una alternativa efectiva para un mayor porcentaje de niños del país, y adquiera la función de asegurar cobertura educacional en las zonas de expansión urbana a lo largo de Chile, función que en términos reales no tenía hasta antes de la ley de Inclusión. “El Estado deberá tener un nuevo rol, mucho más activo que en el pasado, de asegurar la provisión de nuevos jardines, escuelas y liceos en todas las zonas de expansión urbana. Esta oportunidad conlleva diseñar nuevos mecanismos para asegurar el financiamiento de esta nueva infraestructura en forma oportuna, lo cual no está contemplado en la actual propuesta de reforma institucional a la educación pública que se discute en el congreso nacional”, dice Valenzuela.

Finalmente, los autores dan cuenta que la suerte de estas reformas se basa también en las capacidades de gestión y coordinación interinstitucional, pues la reforma educacional involucra múltiples reformas implementadas de manera simultánea, que “demandan una alta capacidad para diseñar, implementar, monitorear y ajustar las políticas y la coordinación entre el gobierno central, entre los distintos niveles de liderazgo y gestión del sistema educacional y con los proveedores privados de educación”.

De igual forma, añaden que las reformas estructurales requieren de una base política y social amplia para mantenerse en el tiempo, más aún cuando su implementación será gradual y la demanda de recursos fiscales permanentes para su financiamiento irá creciendo en forma sostenida en los próximos años, lo cual requiere un contexto futuro político y económico que las sustenten.